“DE REYES Y REINAS”
El 6 de noviembre de 1989 el Senado Belga aprueba una proposición de ley sobre el aborto. El 29 de marzo de 1990, los diputados la adoptan por 126 votos contra 69 y 12 abstenciones. No es una liberalización total, como pedían algunos, porque impone una condición: “que al corrientemente denominado “estado de buena esperanza”, se superponga el “estado de angustia”.
Hasta aquí, nada especial. La rutinaria erosión moral que tantos en Europa han digerido sin pestañear. Lo llamativo vino inmediatamente después: el Rey de los Belgas, que es la tercera rama del poder legislativo según la constitución, se negó a confirmar esta decisión con su firma. Y dirigió a Wilfried Marteens –Primer ministro- una carta, solemne y patética, en la que manifestó la gravedad excepcional de su gestión. En esa carta pedía al Gobierno que buscase una solución que le permitiera conciliar el derecho, con sus propias convicciones: las convicciones del Rey. No hace falta recordar que la carta se desplomó sobre el micromundo político como si se tratase de una bomba.
Dicho en pocas palabras, el Rey no deseaba estar asociado a esa ley. Y firmarla –consideraba él- implicaba asumir cierta responsabilidad. El camino que escogió no era una vía fácil, ni tampoco sería comprendido por buena parte de sus conciudadanos. A los que se sorprendían de su decisión, les preguntaba: “¿Sería normal que el rey fuera el único ciudadano de Bélgica que se viera forzado a actuar contra su conciencia en un terreno tan esencial? ¿La libertad de conciencia vale para todos, pero no para el rey?” La libertad del rey frente a un parlamento: la de un individuo –mejor, una persona- frente a una masa anónima de votaciones acomodaticias.
Esta espectacular e inusitada muestra de bravía defensa de la libertad de conciencia sigue impresionando hoy, como cuando se releen las páginas en las que –justo a la inversa- Tomás Moro se enfrenta a su Rey. El desafío, como es sabido, se produce porque Enrique VIII –el Faraón Tudor, como le llama Belloc- desea que toda Inglaterra esté de acuerdo es que él es la cabeza Suprema de la Iglesia Católica en su reino. Sus deseos chocan con una somera oposición de los clérigos, que finalmente ceden, con notables excepciones. Pero –contenida en un discreto silencio- choca especialmente con la negativa de Tomás Moro, su Canciller. Finalmente, mediante una felonía de Richard Rich, será condenado porque la Ley del Parlamento establecía que “Negar que el Rey era cabeza Suprema de la Iglesia en Inglaterra” era “Traición”. Así que Tomás será ejecutado, precisamente por hombres que eran sus amigos, porque no se decide a pensar como piensa su Rey.
Este portentoso anacronismo se mantiene todavía en el Reino Unido, prolongando a través de los siglos un tufillo de vetustez y de inadecuación que recuerda, en otro orden de cosas, la artificialidad estructural de los regímenes geriátricos de la antigua URSS.
Hemos pasado del siglo XX al XVI, y podemos retroceder más todavía. Nos vamos al siglo V (a.C.) y comprobamos que estas historias no son invento de modernos. Sófocles nos dirá, por boca de Antígona, que no pensaba que hubiera razón para obedecer las órdenes de Creonte, que le prohibía enterrar a su hermano, porque “no pienso que tus bandos (de Creonte) han de tener tanta fuerza que te hagan prevalecer a ti, mortal, por encima de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Leyes que no son de hoy ni de ayer, sino que viven en todos los tiempos. No iba yo a violarlas por temor a los caprichos de hombre alguno”. Esto es literatura, por supuesto. Dicho sea de paso, literatura que conviene no dejar que perezca, para los jóvenes, en el maremagnum de las consolas y videojuegos. Pero esto es otra historia.
En definitiva, ni el rey nos impone sus pensamientos, ni nosotros se los imponemos al rey. Lo mismo vale para un Parlamento: no nos inflige sus ideas. Esto es la buena ley del respeto: dejar hablar con libertad al contrario. No hace falta decir explícitamente que todo lo anterior, también por galantería, vale mucho más si se trata de la Reina de España.
jueves, 30 de abril de 2009
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