“LEGISLAR LA HISTORIA”
Que el pasado es tema de los historiadores, como la ciencia lo es de los científicos, como las matemáticas de los matemáticos es un lugar demasiado común para mencionarlo.
A finales del siglo XIX –en 1897, en Indiana (USA)- un físico llamado Goodwin escribió un artículo sobre mediciones del círculo y convenció a su representante legislativo local Taylor Record, para que lo introdujera como ley en la legislatura. La sugerencia lanzada con entusiasmo al político era la siguiente: si el Estado aprobaba una ley para reconocer el descubrimiento de Goodwin, este permitiría que todos los libros de texto de educación para la ciudadanía de Indiana lo utilizaran sin pagar ningún derecho de autor.
Este ya había registrado como propiedad sus descubrimientos en varios países europeos y también en Estados Unidos. Publicó una monografía en la afamada revista matemática American Mathematical Monthly –un periódico nuevo, que necesitaba original abundante y publicaba casi cualquier cosa, aunque no lo fuera. De los trabajos del autor se descubrían tantas cosas que, en realidad, era peor que no descubrir ninguna. Por ejemplo, para el valor del famoso número Pi –ese que solemos abreviar en 3.14…- el autor encontraba que era capaz de metamorfosearse en una buena docena de valores diferentes, comprendidos entre 2.5 y 4. Esto sí que es original.
El 18 de enero de 1897, la monografía fue presentada en la legislatura como ley de Cámara de los Comunes núm. 246.: “Un proyecto de ley que introduce una nueva verdad matemática que es ofrecida como contribución a la educación de la ciudadanía para ser utilizada sólo por el Estado de Indiana, sin coste alguno por derechos de autor o similares, siempre y cuando sea aceptada por la acción oficial de la legislatura de 1897.”
Fue aceptada en la Cámara de Representantes sin ningún voto en contra.
Podía haber alcanzado estatus legal y entonces todos los demás estados habrían tenido que pagar derechos de autor si querían utilizar el “valor exacto” de Pi. Dicho sea de paso: he aquí una sugerencia interesante para la SGAE, en la que quizás ésta todavía no ha pensado.
Legislando sobre el auténtico valor de Pi, parecía que se había puesto final al problema de determinar ese valor. Naturalmente, la ola de rechifla y pitorreo que se desencadenó en Indianápolis, Chicago y Nueva York hundió en la vergüenza más ignominiosa al Senado de Indiana, que se apresuró a suprimir la “democrática” propuesta.
Disculpamos que políticos de entonces no supieran las mínimas matemáticas necesarias para captar la ridiculez de su propuesta. A fin de cuentas, según la sugerencia Chestertoniana, la democracia significa que “cualquiera” puede formar parte de un gobierno. Lo estamos viendo y sufriendo.
Del mismo modo que el trigo de Lysenko no cumplió sus promesas –las del famoso científico marxista que diseñó una biología marxista- o el número Pi se negó a doblarse ante las exigencias de la Cámara de Representantes de Indiana, la verdad histórica tampoco puede ser legislada.
La legislación sobre la historia es uno de los ataques más graves que está sufriendo la libertad en Europa, si bien es de las menos visibles. Orwell ya nos los contó en “1984”: reescribir la historia pasada es una buena manera de cocinar el presente y preparar el futuro a la que puede acudir un grupo de poder desaprensivo. La historia como saber del pasado es la primera víctima de estas leyes. No es competencia de ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir o silenciar la libertad de un historiador, bajo amenazas de sanciones penales o más intangibles acciones, igualmente penalizantes.
Es una manera de establecer “verdades históricas oficiales”. Se consagra una determinada interpretación de los hechos y de otras no se puede ni hablar. Especialmente aquellos acontecimientos que vienen más impregnados de ideología. Asuntos problemáticos, asuntos debatidos, asuntos polémicos, precisamente porque no existe acuerdo.
Solución sencilla: por decreto ley, el valor de Pi será 2.67. Y ya no hay más que hablar. La respuesta viene dada por legislación positiva: está de más tratar de preguntar a Ahmés (c. 1650 a. C), o Arquímedes (c. 280 a. C.), o Ptolomeo (c. 150 d. C), o Leonardo de Pisa (c.1200 d. C) o a docenas de matemáticos más que podríamos añadir.
Así que abandonamos la búsqueda de la verdad –es demasiado complicado- pero como nos molesta la libertad ajena, no queremos disidentes. Decreto ley, por tanto. Y la “memoria” histórica queda congelada en las formas arbitrarias de la legislativa de los gerifaltes del momento.